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Derecho Fiscal

La actividad financiera del Estado es un tema clave para entender cómo se financian los servicios y el funcionamiento del gobierno, básicamente, se trata de todas las acciones que el Estado realiza para obtener recursos y cumplir con sus responsabilidades, como la educación, salud, seguridad, entre otras; esta actividad está regulada por el derecho fiscal, que establece las reglas para el manejo de estos recursos.

Los ingresos del Estado se dividen en varias categorías, pero uno de los más importantes son los ingresos tributarios, que son aquellos que se obtienen mediante impuestos, contribuciones y otras figuras fiscales que afectan a los ciudadanos y las empresas.

Ahora bien, para comprender mejor cómo funciona el sistema fiscal y la relación entre los contribuyentes y el Estado, es necesario conocer los fundamentos y principios que rigen el derecho fiscal; estos principios nos explican cómo y por qué estamos obligados a pagar impuestos y qué derechos y obligaciones tenemos al respecto.

El derecho fiscal, además de regular cómo se recauda y administra el dinero público, también establece un conjunto de disposiciones generales que buscan organizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, estas disposiciones permiten que tanto el Estado como los ciudadanos tengan claridad sobre aspectos clave como las reglas de retención de impuestos, las opciones fiscales disponibles y el tiempo de vigencia de las leyes fiscales.

Además, los contribuyentes no solo tienen obligaciones fiscales, sino que también cuentan con derechos, como el acceso a asistencia y la posibilidad de realizar consultas al Estado, todo esto se complementa con un conjunto de obligaciones, como el registro del RFC y la emisión de comprobantes fiscales que aseguran un buen control del flujo de ingresos y pagos.

La organización de las autoridades fiscales en México es fundamental para la recaudación y manejo adecuado de los recursos públicos, instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son las encargadas de coordinar y supervisar las contribuciones fiscales, junto con organismos descentralizados que tienen funciones específicas.

Estas autoridades cuentan con una amplia gama de facultades, como la emisión de actos administrativos o la realización de visitas domiciliarias para verificar la correcta declaración de impuestos, también pueden revisar la contabilidad de los contribuyentes desde su oficina, lo que se conoce como revisión de escritorio; además, están facultadas para iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) en caso de que no se cumplan las obligaciones fiscales, y deben notificar al contribuyente cualquier acción o sanción, las cuales tienen un tiempo de caducidad para ser ejecutadas.

Cuando se cometen infracciones fiscales, como el no declarar correctamente o no pagar a tiempo, las autoridades pueden imponer multas, en casos más graves, se puede incurrir en delitos fiscales que conllevan penas más severas; sin embargo, los contribuyentes tienen a su disposición medios de defensa como los recursos administrativos, el Juicio Contencioso Administrativo y el amparo para proteger sus derechos.

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